18 noviembre, 2005

La oposición pidió cambios en la justicia electoral (Sin Mordaza)


El diputado electo Hermes Binner cargó contra el Gobierno provincial en una conferencia de prensa convocada por el Frente Progresista Cívico y Social, especialmente para analizar la situación de las comunas de Elortondo, Ramona y San Guillermo. Luego, se realizó un acto con la presencia de toda la dirigencia provincial del sector, en defensa de las comunas y en solidaridad con sus presidentes comunales. Fuente: SM
El Frente Progresista Cívico y Social brindó esta mañana una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes los diputados electos Hermes Binner, Hugo Storero, Pedro Morini, Felipe Michlig y Pablo Zancada. También asistieron el legislador provincial Marcelo Brignoni, el Diputado nacional del Partido Socialista Eduardo Di Pollina, Pablo Farías y la Concejala socialista Marta Fassino. La Diputada Silvia Augsburger no pudo concurrir, aunque adhirió al evento.
La intención fue realizar “un análisis” del acto eleccionario llevado a cabo el 23 de octubre pasado, donde “el Frente Progresista se ha impuesto por más de 140 mil votos en diez departamentos, obteniendo cinco de las nueve bancas que estaban en juego”, comenzó Felipe Michlig y agregó que “queremos fijar nuestra postura como Frente en las irregularidades acontecidas en tres elecciones de cargos comunales”, sostuvo en referencia a las localidades de Elortondo (departamento Gral. López), Ramona (Castellanos) y San Guillermo (San Cristóbal).
Problemas con la justicia electoral
Hermes Binner tomó la palabra y aseguró que existen problemas con la justicia electoral. “Y esto ya es una constante, debemos revertir esta situación teniendo una justicia electoral dependiente del Poder Judicial y elegida por los mecanismos que están establecidos”, dijo.
“Debemos darle a la población la opción de tener los mejores representantes de la justicia electoral”, manifestó Binner. En tanto, consideró que el Juez Electoral y el Secretario no deben ser designados por el Poder Ejecutivo sino que deben ser concursados por el Consejo de la Magistratura y tener jueces permanentes, como ocurre con la Justicia Federal. El Diputado electo también creyó conveniente que el Tribunal de Apelación esté integrado por miembros que deberían sortearse entre los integrantes del Foro Civil, con el objetivo de garantizar el acto electoral y constituir la Cámara de Apelaciones en lo Electoral.
“Tener una buena justicia a nivel provincial para defender los actos eleccionarios y las propuestas de soberanía popular, indudablemente que hacen al bienestar de la democracia”, comentó el ex Intendente rosarino.
Las tres situaciones de presunto fraude
El conteo “dudoso” de votos en los comicios llevados a cabo en Elortondo, Ramona y San Guillermo “deben ser tratado adecuadamente”, indicó Hermes Binner. Y siguió: “La forma de elegir la justicia electoral y la casualidad de que cada dos años el mismo presidente de la Corte Suprema es el mismo que integra el Juzgado Electoral, está hablando de una irregularidad”.
“Si no defendemos al nuevo sistema, probablemente dentro de dos años vuelva a ser presidente de la Corte quien está ahora (Rafael Gutiérrez), y tendremos otra vez esta sospecha permanente”, manifestó. En este sentido, Hermes Binner no responsabilizó personalmente al presidente de la Corte sino al Gobierno de la Provincia.
“Estamos hablando en una primera instancia de un acto judicial que depende de un poder y luego, en la segunda instancia, depende de otro poder. Pero el actor es el mismo, con lo cual está hablando de una situación de difícil integración constitucional porque está mezclando los poderes”, concluyó el Diputado y comentó que presentarán un proyecto para revertir la situación.
Felipe Michlig también fue consultado acerca de esta situación y confirmó que existe la posibilidad de llegar a la Cámara de Apelaciones a nivel nacional si el conflicto no se soluciona en el marco del Tribunal Electoral. El senador sancristobalense justificó la posibilidad porque “los planteos realizados son justos” y nombró maniobras fraudulentas e irregularidades “que deben corregirse” necesariamente.


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