Pensar en celeste y blanco

Nuestro país transita desde hace varios años la fase expansiva del ciclo económico debido a condiciones externas e internas favorables. Lo demuestran el ritmo de crecimiento económico a tasas altas (similar al de los países asiáticos), con un superávit fiscal sostenido y sostenible (en el período enero-octubre de este año se lleva recaudado un 24,8% más que en el mismo periodo del 2005 AFIP) y con una balanza comercial positiva, la que se proyecta de igual manera para el 2007. (Por Hermes Binner - Dip. Nac. para Ambito Financiero)
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Lo llamativo es que las estimaciones oficiales ubican el crecimiento del PBI en el orden del 4% para el 2007, esto es, si por inercia el producto sigue aumentando al 8,5% como en el 2006 durante el primer semestre, la economía argentina tendría que dejar de crecer en el segundo.
En el quinto año consecutivo de crecimiento económico, los indicadores oficiales muestran la reactivación de diversos sectores como la industria, la construcción o el sector agrícola-ganadero. Asimismo, el boom del consumo encuentra su explicación en la expansión de la masa salarial a partir del aumento del empleo, del salario y del control de la inflación.
Sin embargo, este escenario de prosperidad no ha impactado por igual en todos los sectores sociales. La mejora en los indicadores de pobreza e indigencia, de distribución del ingreso, de servicios de salud y educación, continúan mostrando una sociedad dual. El coeficiente de Gini pasó de 0,537 en el tercer trimestre del 2003 a 0,483 en el segundo trimestre del 2006. Se puede apreciar que estamos muy lejos de los niveles alcanzados en décadas pasadas cuando se obtenían valores similares a los países de la Unión Europea.
En nuestro país el decil más rico de la población percibe el 35% de la riqueza, mientras que el decil más pobre sólo el 1,1% (2° Tri 2006). Visto de otro modo, el 31,4% de la población vive bajo la línea de pobreza, y de ellos, el 11,2% bajo la línea de indigencia. Esta situación es aún más preocupante cuando observamos que en las provincias del NEA y el NOA la pobreza alcanza el 39,7% y el 34,9% respectivamente de los hogares (1° Sem 2006, INDEC).
La ciudad de Santa Fe, capital de una de las provincias más ricas del país, con alrededor de 480 mil habitantes, tiene 112 mil menores de 14 años y de ellos el 53,7 por ciento son pobres. Pero hay un dato más alarmante: hay 31.800 niños indigentes -el 28,4%-, es decir que no llegan a acceder a la canasta básica de alimentos.
Esas diferencias regionales responden, en parte, a una inequitativa distribución de los recursos públicos y de las oportunidades para los ciudadanos en nuestro extenso territorio nacional. Al analizar los datos que arroja el Presupuesto Nacional oficial previsto para el 2007, pronto a aprobarse en el Congreso, la asimetría entre la Nación y las Provincias, no sólo persiste sino que se agudiza.
Así, se proyecta una recaudación total de 169.073 millones de pesos, un 14,2% superior a la del 2006 y 0,79% mayor en términos del PBI. De ese total, 121.327 millones corresponderán a la Administración Nacional, lo que representa un 15,1 % superior al 2006. La diferencia de dichos montos va en forma automática a las provincias según la ley de Coparticipación vigente (transitoria desde 1988). Esto significa que las provincias tendrán una participación en la recaudación global, un 0,9% menor a la del 2006, en otras palabras, crece en valores absolutos pero decrece en términos relativos. Si pensamos, por citar un ejemplo, en la provincia de Santa Fe, el fenómeno se agrava; según estimaciones recientes de la Fundación Libertad, desde la instalación de las retenciones a las exportaciones se ha transferido al fisco nacional alrededor de 4.700 millones de dólares. Esto es equivalente a la construcción de 9 autopistas Rosario-Córdoba, o a la realización de 339.000 viviendas.
La cuestión de fondo reside en un “federalismo invertido”, es decir, con una nación rica y provincias pobres, donde la primera ha ido gradualmente delegando responsabilidades –sobretodo en materia educativa y de salud- sin la correspondiente contrapartida de recursos para financiarlos.
Es por ello que el actual período de bonanza constituye, sin dudas, una importante oportunidad para revertir esa situación y reformular las políticas que tiendan a fortalecer el federalismo fiscal para un desarrollo armónico de nuestros pueblos y, con ello, reconstruir el capital social. En este sentido debemos, en primer lugar, cumplir con lo pactado en la Constitución de 1994 respecto a la elaboración de una nueva ley de Coparticipación Federal, que tenga en cuenta los indicadores sociales y cuya discusión lleva una mora de 11 años. Más aun, darle impulso a una reforma tributaria acorde a los parámetros modernos, a través de un debate responsable que estimule la equidad y transparencia, es decir reglas de juego claras en la asignación de los recursos públicos, constituye un tema fundamental para avanzar hacia una nación más justa e integrada.
¿Cuál es el rumbo a seguir? La formulación de políticas públicas adecuadas, a través de una efectiva participación de los diferentes actores sociales en un camino de diálogo y concertación. Debemos trabajar colectiva y coordinadamente para construir un Estado con calidad institucional, participativo, transparente, permeable a la sociedad civil, vinculando la iniciativa pública con la privada y buscando los aportes de cada sector de nuestra sociedad, en un proyecto político común que apunte al bienestar de toda la población.
Tenemos que trabajar para la consolidación de un Estado democrático de derecho, que promueva el trabajo y la producción, garantice la salud, la seguridad, la educación para nuestros niños y jóvenes, la protección social para la tercera edad y el acceso a viviendas dignas.
Tenemos que trabajar en celeste y blanco, para alcanzar la calidad de vida que los argentinos y argentinas nos merecemos.