El candidato a gobernador de Santa Fe del Frente Progresista, Cívico y Social, Hermes Binner, presentó anoche en Venado Tuerto los lineamientos de su Programa Provincial de Seguridad y Justicia. En ese marco, Binner propuso la creación un Ministerio de Seguridad, cuya misión será “planificar y llevar a la práctica las acciones tendientes a bajar los índices de criminalidad en la provincia de Santa Fe”. Asimismo, señaló la necesidad de cambiar el sistema de designación de los jueces que componen la Corte Suprema de Justicia de la provincia.
En un acto llevado a cabo en el local de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Venado Tuerto, Binner destacó que “nos proponemos rediseñar el área de seguridad provincial” porque la “la respuesta del Estado debe ser el desarrollo de una nueva política criminal, con atención a la prevención y actuación posterior al delito”.
Binner destacó la importancia de contar con una policía “bien equipada, con agentes formados, capacitados y bien remunerados”, pero también, destacó, “para atacar la inseguridad es fundamental atacar la pobreza, combatir la marginación y la ausencia de oportunidades, porque la falta de accesibilidad a una buena educación, a un trabajo digno, a la salud, a la vivienda, es un desequilibrio social que puede traducirse en violencia”.
En ese sentido, propuso “promover el acceso de los jóvenes al empleo; garantizar la escolaridad secundaria y la formación laboral; fortalecer el grupo familiar y brindar oportunidades para que la gente tenga acceso a la vivienda”.
“Pero para lograr todo esto –destacó Binner– es necesario contar con un proyecto integral para la provincia, como el que propone el Frente Progresista, porque nada cambia de un día para el otro, ni la justicia ni la falta de equidad, pero hay que empezar ya. Los santafesinos –aseguró– estamos ante la gran oportunidad de dejar atrás 24 años de gobiernos sin proyectos y comenzar, el 2 de setiembre, una etapa de cambios positivos, también materia de seguridad y Justicia”.
Más adelante, el candidato del Frente Progresista señaló la necesidad de que “la institución policial preserve y recupere el prestigio social, la autoridad y la credibilidad cumpliendo con los fines y objetivos con los que fue creada”.
A tal Binner propuso, entre otros puntos, “mejorar las condiciones edilicias, mobiliarias y útiles para hacer mas efectiva y digna la tarea policial; blanquear los sueldos básicos y actualizar los haberes; establecer jornadas de trabajo con condiciones adecuadas para todos los integrantes de las fuerzas; actualizar las juntas de ascensos y mantener al día el régimen de promociones policiales; proveer el equipamiento básico para el personal de seguridad; delegar el cuidado de los detenidos al sistema penitenciario; capacitar a los empleados policiales a los fines de que no sean víctimas por desconocimiento ante los distintos procedimiento que se les puedan presentar”.
La Justicia
Respecto de la Justicia, Binner sañaló que “en la actualidad, la multiplicación de los conflictos impacta en las estructuras judiciales creadas para servir en otra realidad, en otros tiempos, que al no haberse adaptado a los cambios, pone en evidencia una acuciante e impostergable demanda de justicia de nuestra población”. “Para nosotros –destacó–, constituye una preocupación jerárquica adaptar este sistema a las exigencias actuales, dotando a la Justicia de los medios indispensables para el cumplimiento de su función y produciendo las profundas reformas institucionales que se necesitan”.
Respecto de la composición de la Corte Suprema de la provincia, Binner dijo que “en nuestra gobernación proponemos establecer un procedimiento similar al dispuesto por el Decreto Nacional Nº 222/2003 para el ejercicio de la facultad Presidencial de nombrar los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este decreto, que data del 2003, estableció mecanismos participativos en el procedimiento de selección del candidato, abriendo la posibilidad de expresión de una amplia opinión, para la correcta valoración de sus aptitudes morales, técnicas y jurídicas, su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos, que hagan merecedor a los aspirantes de tan importante función. Se recibirá de los ciudadanos en general, de las organizaciones no gubernamentales, de los colegios y asociaciones profesionales, de las entidades académicas y de derechos humanos, etc., sugerencias, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección”.
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